La portavoz del PP, María José  Catalá, ha advertido que “son más de 100 millones de euros los que ha adjudicado a dedo el Gobierno de Ribó y PSOE en más de 17.000 contratos. Esa legislatura 2019-2022 el gobierno de Ribó y PSOE ha firmado 8.300 contratos a dedo sólo desde las concejalías por valor de 53 millones de euros a los que habría que sumar los cientos que se firman en las empresas públicas como EMT, AUMSA, Fundación Deportiva…”

La legislatura pasada también fueron más de 50 millones de euros los contratados a dedo desde el Ayuntamiento, por lo que no sólo no se ha frenado sino que se sigue incrementando el número de los mismo. Este año 2022 se han firmado 2.016  contratos a dedo más que en el año 2021 donde la cifra fue de 1.896 contratos a dedo.

Catalá ha advertido que desde la Intervención Municipal sigue advirtiendo de esta práctica irregular cada año y  hasta la Agencia Valenciana Antifraude ha puesto el foco en las contrataciones del Gobierno de Ribó y PSOE. Pero a pesar de ello, señala Catalá “Ribo y sus socios de PSOE siguen recurriendo a esta práctica que no es ni transparente ni cumple los criterios de igualdad para las empresas podrían trabajar para el Ayuntamiento”.  

Antifraude ha emitido dos resoluciones en las que reprocha al Ayuntamiento de València la falta de control o la irregularidad de varios contratos públicos para la gestión de la comunicación de teatros y bibliotecas municipales y para la promoción del festival Bonica Fest de 2019. 

Las portavoz del Grupo Municipal Popular, María José Catalá,  señalan que “el uso de la contratación a dedo sea convertido en práctica habitual del gobierno del Rialto, y exigen medidas de control y sacar a concurso las licitaciones. No puede seguir cada año aumentando el número de contratos realizados a dedo como ha ocurrido en la organización de Expojove de este año que se ha recurrido a un centenar de contratos que suman más de 640.000 euros”.  

Al respecto, Catalá ha recordado que “el alcalde y sus socios de gobierno del PSPV eliminaron el control fiscal previo que implicaba que antes de aprobarse la contratación del servicio tenía que existir un informe favorable de la Intervención General”.

La líder del PP también recuerda que el propio Interventor General advierte de esta práctica ya extendida en todas las concejalías que es “reprobable e inapropiado para garantizar la igualdad y pública concurrencia de las empresas”.  A pesar de ello, Catalá señala que siguen “utilizando esta forma de contratar a dedo se evita el control y la libre concurrencia a contrataciones públicas”.

Catalá asegura que “muchas de las contrataciones están previstas cada año y podrían realizarse las contrataciones a través de concursos para dar más oportunidades a las empresas interesadas de la ciudad y evitar la actual situación de opacidad y falta de transparencia”.