El sindicato CSIF pide a Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública que retome cuestiones que el anterior Consell dejó a mitad y que oriente sus esfuerzos a impulsar la función pública en la Comunidad Valenciana. La central sindical considera fundamental que, para ello, exista una continua negociación con “diálogo y transparencia”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que el anterior ejecutivo, empezando por la responsable de Administración Pública, aprobó un decreto de teletrabajo que no suponía un derecho para sus profesionales y cuya aplicación frenó constantemente.

El sindicato señala que el decreto 42/2021 de 1 de abril abocaba la decisión del teletrabajo a la voluntad de las diversas consellerias y a la elaboración de planes que tenía que aprobar la de Administración Pública. Esta circunstancia ha provocado que, trascurridos más de dos años desde entonces, numerosos organismos no lo hayan extendido, empezando por la propia Presidencia.

CSIF recalca que a pesar de la importancia de tener avanzado un sistema de trabajo a distancia, como demostraron los meses del confinamiento, el anterior Consell apenas realizó progresos. El decreto fue publicado con continuas demoras, por la presión sindical y sin contemplar el teletrabajo como un derecho del empleado público, sino como una posibilidad de la Administración.

La central sindical pide al nuevo Consell retomar esta cuestión con la intención de configurar una función pública ágil, moderna, que promueva la reducción del consumo energético y la conciliación familiar y personal y que esté preparada ante cualquier contingencia que pueda surgir.

CSIF considera igualmente importante ahondar en la planificación de los procesos extraordinarios de estabilización o en los efectos en la función pública de la Comunidad Valenciana de los nuevos sistemas de selección de profesionales para reforzar una Administración que requiere de unas plantillas adecuadas.

La central sindical, además, quiere saber en qué punto se encuentra el requisito lingüístico, ya que el anterior Consell optó por imponerlo sin escuchar las alegaciones y argumentos de CSIF, que defiende que el nivel de conocimiento de valenciano sea considerado un mérito.