El senador por Valencia y portavoz de Justicia del Grupo Popular en la Cámara Alta, Fernando de Rosa, anuncia la solicitud de comparecencia de la ministra de Justicia, Pilar LLop, para que para que explique que entiende por desjudicialización y si entiende por este término no hacer cumplir la Ley; que no se persigan los delitos o que no se cumplan la sentencia».

Además, los populares han pedido la comparecencia del Fiscal General del Estado para que se pronuncie si está de acuerdo en la manifestación de la Comisión Europea de exigir esa desvinculación del FGE del Ejecutivo que lo ha nombrado.

Considera necesario poner en marcha un plan de choque para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia y asegura que España goza de una Administración de Justicia «independiente, profesional y con alto grado de especialización».

«Debemos sentimos orgullosos de la independencia, rigor y equidad con la que trabajan los jueces, magistrados y fiscales con carácter general», afirma.

Recuerda que la UE ha advertido a España de que cualquier ataque a la división de poderes y, por lo tanto, en la calidad de nuestro estado de Derecho, podría llevar graves sanciones que afectarían al reparto de fondos europeos en aplicación del mecanismo de restitución.

Subraya que con las propuestas del PP queremos garantizar que la Administración de Justicia disponga de los medios materiales y personales necesarios para que pueda cumplir adecuadamente la función constitucional encomendada.

Destaca que desde el Grupo Popular en el Senado hemos instado reiteradamente al Gobierno para que se cumplan los estándares europeos de independencia, agilidad y respeto al poder judicial.

Denuncia que el Ejecutivo no cumple con lo exigido por Bruselas en lo relativo a que cualquier reforma que afecte al poder judicial se escuche al poder judicial y no se utilice la vía de la Proposición de Ley en vez del Proyecto de Ley en evidente fraude de l porque se quería evitar escuchar al CGPJ.

«Pilar Llop se está convirtiendo en una negacionista del principio de legal, es decir se niega a exigir el cumplimiento de la ley allí donde no se respeta», denuncia.

El PP muestra su preocupación en relación a si el Ejecutivo va hacer efectivo el abandono de la vía judicial como se comprometió el Gobierno de España con la Generalitat de Catalunya.

Asevera que «el cerebro jurídico de La Moncloa está creando una grave inseguridad jurídica que alarma a la sociedad».

Remarca que debe de garantizarse la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo extendiéndose a los hechos producidos con anterioridad a 2004.

Es necesario modificar la ley del indulto para que se tenga en cuenta el informe del órgano sentenciador, garantizando que los motivos sean razonados y compatibles con las resoluciones judiciales.

Concluye que la ministra de Justicia en vez de estar trabajando para desjudicializar las relaciones con los partidos Independentistas y radicales debería de estar solucionando los problemas de los ciudadanos y aceptar las propuestas constructivas del PP.