El Consejo de Ministros ha acordado declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil territorios de todas las comunidades, a excepción de Cantabria y Asturias y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, como consecuencia de los 120 incendios forestales que han sufrido desde el pasado 12 de junio, tal y como anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha lamentado el fallecimiento de tres personas y ha detallado que otras 27.500 fueron evacuadas de sus hogares. Además, ha señalado que estos incendios presentan unas características diferentes a las conocidas hasta ahora debido a los efectos del cambio climático y de las altas temperaturas registradas este verano.
En este sentido, la portavoz ha precisado que el año pasado se quemaron algo más de 50.000 hectáreas y este ya se han quemado más de 200.000. Los incendios han provocado graves desperfectos en infraestructuras y en bienes públicos y privados, así como en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas, aún sin cuantificar.
Isabel Rodríguez ha informado de que las ayudas estatales completan las actuaciones encomendadas a las administraciones autonómicas y municipales, y que el Gobierno ha activado los mecanismos para reducir los plazos para su gestión y concesión.
El acuerdo adoptado hoy incluye ayudas directas cuya ejecución corresponde al Ministerio del Interior, así como otras medidas ordenadas por otros ministerios, entre las que figuran beneficios fiscales, iniciativas laborales y de Seguridad Social y ayudas dirigidas a corporaciones locales para reparar instalaciones y equipamientos municipales.
Rehabilitación residencial y vivienda social
El Gobierno ha autorizado la distribución de 1.889 millones de euros entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, procedentes de los fondos europeos, para financiar actuaciones de rehabilitación residencial y la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha destacado que las subvenciones están incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo pilar fundamental es transformar la economía, hacerla sostenible y afrontar el cambio climático, y que ahora también está ayudando a paliar las consecuencias de la agresión de Rusia a Ucrania.
Estas ayudas contribuirán, a juicio de la ministra, de «manera decidida» a dinamizar el sector de la construcción, que fue uno de los más afectados durante la pandemia del COVID-19. «La aplicación de estos fondos permitirá crear en torno a 180.000 puestos de trabajo para autónomos y para pequeñas y medianas empresas, que son las que fundamentalmente se dedican a realizar este tipo de actuaciones de rehabilitación energética y de confortabilidad en las viviendas», ha dicho.
Raquel Sánchez ha añadido que esta «actuación de calado» del Ejecutivo tiene como objetivo conseguir un ahorro en el consumo de las familias del 30% y favorecer su bienestar. Entre las medidas previstas figuran cambiar las ventanas de las viviendas y dotarlas de un sistema de calefacción que se alimente de energías renovables.
La ministra ha concretado que las subvenciones aprobadas hoy se suman a las transferencias por valor de 3.540 millones de euros ya realizadas en esta materia y suponen «la puesta en marcha del 75% de los recursos previstos en materia de rehabilitación y del 100% de los previstos para la promoción de vivienda en alquiler social».
Sánchez ha pronosticado que «vamos a ser capaces de reducir nuestro consumo anual de energía primaria no renovable en el entorno de 3000 GW hora al año y podremos ampliar el parque público de viviendas de alquiler en edificios energéticamente eficientes, antes de finalizar el año 2026, en 20.000», gracias a los fondos del plan de recuperación.
El alcance de este programa de ayudas es «mayúsculo» para la ciudadanía, para la empleabilidad, y en la decidida lucha contra el cambio climático, ha concluido la ministra.
Primer paso para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), dando cumplimiento a la previsión contenida en la Ley General de Salud Pública de 2011 y a las medidas recogidas en el Dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados que se constituyó durante la pandemia del COVID-19.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha reconocido que «la experiencia vivida en la pandemia ha marcado sin duda alguna un antes y un después» y que, por ello, este centro estatal se ha convertido en una prioridad para el Gobierno y en una necesidad de país: «Nos permitirá estar mejor preparados en términos de anticipación, gestión, coordinación, análisis y respuesta frente a amenazas y riesgos para la salud de la población».
La Agencia, ha continuado Darias, se configura como una institución de excelencia técnica y científica que servirá para reforzar las capacidades del Sistema Nacional de Salud, «elemento fundamental del bienestar en nuestro país».
Asimismo, será fundamental su coordinación con las autoridades sanitarias de las comunidades y ciudades autónomas, las instituciones europeas, organismos internacionales y sociedades científicas y académicas.
Prevención, control, alerta y respuesta
Darias ha señalado que la creación del nuevo centro será un paso «decisivo» para abordar con garantías el actual contexto de cambio climático y su afección a la salud, las nuevas zoonosis y las enfermedades emergentes.
Los principales ámbitos de trabajo de la Agencia serán la prevención y el control de enfermedades. La actual Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que se limita a seguir y controlar las enfermedades transmisibles o infecciosas, se transformará en la Red Estatal de Vigilancia de Salud Pública y abarcará también las enfermedades no transmisibles con alta morbilidad o mortalidad, como las crónicas, el cáncer o la diabetes.
El centro estatal también desarrollará sistemas de alerta precoz y elaborará planes de preparación y respuesta ante los riesgos y amenazas para la salud que se detecten, y facilitará a la ciudadanía la información necesaria para que los conozcan.
La Agencia será la encargada del seguimiento y evaluación de la Estrategia de Salud Pública recientemente aprobada y contribuirá al diseño de políticas en entornos sanitarios y no sanitarios con el objetivo de reducir las desigualdades desde el enfoque de salud integral «One Health».
Asuntos de actualidad
Durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, tanto Isabel Rodríguez como Raquel Sánchez han recordado que el Ejecutivo aprobó el 1 de agosto un Real Decreto-ley de medidas de sostenibilidad económica, en materia de becas y ayudas al estudio, así como medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural, que se someterá a convalidación el próximo jueves en el Congreso de los Diputados. Ambas han instado a los grupos parlamentarios a que apoyen la iniciativa.
La portavoz ha recordado que la norma da cumplimiento a los acuerdos asumidos con la Unión Europea para ofrecer una respuesta unánime a la guerra de Putin y que será completada con un plan de contingencia que está elaborando el Gobierno.
Algunas de las medidas contempladas en el Real Decreto-ley, según ha subrayado Rodríguez, han permitido bajar en un 9,5% el consumo energético desde que entró en vigor. Un millón de estudiantes que ya reciben becas, tendrán un complemento de 100 euros más al mes. Asimismo, el sector del transporte, uno de los más afectados por la subida del precio del combustible, recibirá 450 millones de euros en ayudas directas.
Por su parte, Raquel Sánchez ha resaltado que más de 300.000 personas se han registrado en la página web de RENFE para adquirir, a partir de mañana, los nuevos abonos gratuitos que podrán ser utilizados entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre en Cercanías, Rodalies y Media Distancia Convencional. «Estamos ayudando a las familias, a los jóvenes, a los trabajadores a que sea más asequible, incluso gratis, acudir a su centro de trabajo, sanitario o a su lugar de estudios», ha dicho.
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