26 de agosto de 2022

El Partido Popular de Torrent ha denunciado que la Generalitat Valenciana debe al Ayuntamiento de Torrent millones de euros, en diferentes conceptos, como transferencias, subvenciones o pagos adelantados por el consistorio que corresponden a la administración autonómica.

Los populares han denunciado que, a la vista de la cuenta general 2021, la Generalitat Valenciana adeuda, por ejemplo, 284.675,72€ por el Palacio a Justicia, que año tras año aparece presupuestado pero que nunca se transfiere.

Otra de las deudas de la administración autonómica con el consistorio es el 1.302.781,07€ que éste preveía para programas de empleo, ENCORP, de los que sólo ha recibido 728.908,64€. En este caso, según afirman los populares, están a la espera de respuesta del equipo de gobierno, ya que puede deberse a una deuda de la Generalitat o a un uso insuficiente de este presupuesto por parte del Ayuntamiento de Torrent.

La Portavoz y Presidenta del PP de Torrent, Amparo Folgado, ha instado al Alcalde de Torrent a que demande estas cantidades que la Generalitat Valenciana adeuda al municipio de Torrent.

“Ros ha de decidir si antepone los intereses del municipio a sus intereses personales en el partido y exige a Ximo Puig que pague a los torrentinos lo que les debe” ha afirmado con rotundidad Folgado.

Gasto municipal en competencias de la Generalitat

Esta actuación de dejar a deber al Ayuntamiento de Torrent por parte de la Generalitat Valenciana no es nueva ya que, según denuncian los populares de Torrent, otros proyectos y anuncios Ximo Puig han sido sufragados por las arcas municipales, escurriendo el bulto el Consell.

Es el caso de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria, un ‘ximo-anuncio’ que, de momento, le ha costado 340.000€ a los bolsillos de los torrentinos la compra de las oficinas para su sede, estando las antiguas cocheras de FGV en desuso y abandonadas.

Otro ejemplo de esta costosa relación del Ayuntamiento de Torrent con la Generalitat Valenciana es el Palacio de Justicia. En este caso, el consistorio ha avanzado y pagado el coste de los proyectos referentes a esta construcción, sin tener noticias ni del pago de estos ni de la construcción del edificio por parte de la Comunidad Autónoma.