Valencia, 3 de diciembre de 2022 – Fernando De Rosa, senador Partido Popular

El Real Decreto 954/2022 de 15 de noviembre, publicado en el BOE número 275 de 16 de noviembre de 2022, establece que los partidos judiciales de Quart de Poblet, Carlet, Xàtiva, Moncada, Catarroja, Picassent, Villajoyosa, Novelda y San Vicente del Raspeig dejarán de tener competencia en materia de violencia de género, pasando a depender de los partidos judiciales de Valencia, Alzira, Paterna, Sueca, Torrent, Benidorm, Elx y Alicante, respectivamente.

Dicho Real Decreto lo ha aprobado el Ministerio de Justicia mediante el informe previo de la Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana, de lo que se deduce que la administración autonómica era conocedora, e incluso puede deducirse que impulsora, de dar un paso atrás en la lucha contra la violencia de género en los referidos partidos judiciales.

A partir de la fecha de publicación de las referidas medidas en el BOE, las mujeres de los municipios de los partidos judiciales de Quart de Poblet, Moncada, Picassent, Carlet, Xàtiva , Catarroja, Novelda, San Vicente del Raspeig y Villajoyosa sufrirán una doble victimización, la derivada de la acción delictiva y la provocada por tener que trasladarse a otro partido judicial para ser atendida por la Administración de Justicia.

Las víctimas de tan execrables delitos no pueden ser consideradas como un simple número en un Juzgado, sino que tienen que recibir ayuda inmediata en el partido judicial de su domicilio, contando con todas las ayudas sociales y judiciales posibles, y no tener que trasladarse a distancia de su lugar de domicilio por el mero hecho que el Ministerio de Justicia y la Conselleria de Justicia quieran ahorrarse medios personales y materiales en todos y cada uno de los partidos judiciales de la Comunidad Valenciana.

Otra cuestión que hay que denunciar es que a los partidos judiciales donde se remite la competencia de violencia sobre la mujer: Valencia, Alzira, Sueca, Paterna, Torrente, Benidorm, Elx y Alicante, corren el riesgo de colapso al aumentar los procedimientos que tendrán que tramitar provocando una nueva victimización a quienes sufren violencia de género.

La solución no es el traslado de las mujeres víctimas de violencia de género en taxi, propuesta por la Conselleria de Justicia, hasta otro partido judicial. Esto implica una grave victimización al suponer un momento traumático al verse la mujer sola y en un vehículo extraño, durante un tiempo más o menos largo, y que debe de suponer un verdadero suplicio personal que puede desmoralizarla a la hora de mantener la denuncia.

Otra cuestión muy preocupante es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrán que trasladar a los presuntos agresores a más distancia y permanecer custodiando a los mismos hasta que el juzgado resuelva sobre su situación procesal, contribuyendo a que no puedan cumplir con sus funciones de seguridad ciudadana en los municipios donde ejercen sus funciones en un momento en que está aumentando de forma alarmante la inseguridad en nuestros municipios y campos. Según datos del Ministerio del Interior, en Valencia se han disparado los robos con violencia e intimidación y las agresiones sexuales, que han aumentado un 54%.

Por lo tanto debe procederse a la derogación inmediata del referido Real Decreto en lo que respecta a la agrupación de la competencia de la materia de violencia de la mujer expresados en el mismo y que afectan a los partidos judiciales de Xàtiva, Carlet, Alzira; Sueca, Catarroja, Quart de Poblet, Valencia, Moncada, Paterna, Picassent y Torrent, Benidorm, Villajoyosa, Elx, Novelda, San Vicente del Raspeig y Alicante.

No convencen las explicaciones dadas por el Ministerio de Justicia que imputa este recorte a la Conselleria gestionada por Gabriela Bravo, contestando la Generalitat Valenciana que la responsabilidad es del Ministerio gestionado por la socialista Pilar LLop.

Los valencianos, y sobre todo las mujeres que sufren la violencia de género, se merecen saber de quién ha sido la idea de alejar un servicio público que hasta ahora se gestionaba en la cercanía de sus domicilios, obligando a trasladarse a muchos kilómetros. Lo queremos saber para pedir explicaciones y sobre todo, para que exigir que se proceda a derogar el decreto de la vergüenza.

Ya son muchos los despropósitos que los gobiernos socialistas y de Podemos, que se etiquetan los más feministas de la historia, están realizando contra la dignidad de la mujer. No debemos olvidar que el PSOE, PODEMOS, COMPROMÍS votaron a favor de la ley de libertad sexual que está sacando a la calle a violadores y pederastas, convirtiendo nuestras calles en más inseguras para las mujeres y los menores.

Cuando se comete un error es necesario reconocerlo y rectificar, y no acusar a jueces o a la oposición de “machistas” o “fachas”, porque con el insulto no se soluciona el drama que han provocado las medidas erróneas. Tampoco es bueno intentar disimular el error con juegos de palabras. Así, los recortes en materia de la lucha contra la violencia de género la Conselleria y el Ministerio los denominan “reordenación” y “especialización”.

En la protección de las mujeres y los menores susceptibles de sufrir cualquier tipo de violencia, es necesario que se invierta todo lo necesario, creando un juzgado especializado en cada uno de los partidos judiciales de la Comunitat Valenciana, especializándose jueces, fiscales, funcionarios y profesionales, y no reducir dicha especialización en unos pocos juzgados a los que tengan que trasladarse las víctimas para poder obtener una protección.

Las víctimas no son números, son personas con un gran drama detrás, no se lo hagamos más complicado y trabajemos todos juntos para que no se sientan solas, y si se tiene que rectificar se rectifica, si se tiene que pedir perdón se pide y si se tiene que derogar un decreto o una ley se deroga. La soberbia nunca es buena compañera en la vida y menos en política.