Por Fernando de Rosa, senador del PP

Pedro Sánchez pasará a la historia como el único presidente del gobierno de España que ha hecho del ataque y degradación del Estado de Derecho su único legado. En la ciudadanía española existe el convencimiento absoluto de que la característica principal del presidente del gobierno es la mentira.

Sánchez se presentó a las elecciones de 2019 con el eslogan de “con Bildu no”, el de “indultos a los golpistas no”, el de “no reformaremos el delito de sedición”, también con el de “no tendremos indulgencia con los terroristas”, insistió en afirmar “traeremos a Puigdemont para ser juzgado por sedición y malversación”. Todo está documentado y ahora dicen: “no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña”.

¿Cómo quieren que nos lo creamos si sus propios socios se ríen en su cara y les dicen que también les negaron los indultos, los presos y la reforma de la sedición y malversación y los socialistas con la cabeza gacha han cumplido todas sus exigencias?

El intento de cambio de las reglas del juego para renovar el Tribunal Constitucional, que ha sido suspendido, es una muestra más de la falta de calidad democrática que tiene este gobierno. También el gobierno se está saltando las normas básicas del Estado de Derecho al intentar rebajar las mayorías que debe sumar el CGPJ para elegir a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. Europa ya les ha advertido que no pueden cambiarse las reglas del juego y rebajar las mayorías necesarias de forma arbitraria.

Los letrados del Congreso hicieron a la presidenta del Congreso una advertencia expresa de antijuricidad al llevar al Pleno una modificación de la ley reguladora del CGPJ y del Tribunal Constitucional en una iniciativa legislativa que tenía un objeto diferente.

¿Cómo pudo Batet empeñarse en aprobar una ley bajo la advertencia de antijuricidad a sabiendas de que iba a realizar una acción prohibida por el ordenamiento jurídico que suponía ir contra el Estado de Derecho?

El partido socialista y sus socios han intentado engañar a la opinión pública al afirmar que ha habido un ataque contra la democracia cuando se han suspendido los trámites de la reforma antijurídica que se proponían a hacer, cuando sabían que el propio Tribunal Constitucional, en su sentencia de 2011, declaró inconstitucional utilizar una ley para reformar otras leyes que se referían a cosas diferentes, porque se hurtaba el derecho de los parlamentarios a poder debatir. Por eso se suspendió el intento de Sánchez de asaltar a las bravas del Tribunal constitucional.

Con esta maniobra queda acreditado cuál es el objetivo inicial de Pedro Sánchez desde que gobierna: la ocupación del Tribunal Constitucional, que está negociando con ERC desde principios de 2020 como pago a su apoyo en la moción de censura, cumplir la hoja de ruta y que no haya declaración de inconstitucionalidad de los planes secesionistas, logrando que se nombren magistrados sanchistas en el Tribunal Constitucional.

El gobierno quiere un cambio constitucional sin utilizar el mecanismo de la reforma constitucional, porque sabe que los españoles no les apoyan en esta deriva. Quiere utilizar el Tribunal Constitucional para ese cambio y llevarnos a los españoles a un lugar que no queremos.

Ya lo advirtió el Comisario de Justicia europeo, Rynders, sobre el primer intento de reforma de la ley en 2020: los ataques a las reglas de juego que menoscabaran la independencia del Poder Judicial supondrían una sombra en la presidencia de España del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023.

También advirtió el Comisario europeo que, por eso mismo, se han iniciado expedientes sancionadores en la Comisión europea contra Polonia y Hungría, por invadir el Poder Judicial, no respetando su independencia y capacidad organizativa.

La Constitución se basa en el acuerdo, en el consenso, pero Pedro Sánchez está en todo lo contrario: en la humillación, en la imposición, en la coacción, en doblegar a los vocales del CGPJ con la amenaza de adoptar medidas penales  si no cumplen sus deseos y para sacar a  la calle a pederastas, violadores, golpistas y corruptos.

El presidente del gobierno, quiere reescribir la historia. No le gusta la historia de España ni los logros de la Transición y de la Constitución y quiere ser el artífice de una nueva carta magna. Por eso hay que preguntarles ¿por qué no convoca elecciones y da la palabra a todos los españoles? ¿Por qué no nos preguntan a todos los ciudadanos y no solamente a unos pocos, como sin duda harán cuando convoquen la consulta en Cataluña?

Tenemos los ciudadanos el derecho de exigir a los socialistas que nos digan a la cara cual es el verdadero motivo de las últimas reformas legales, y sobre todo, que tengan la valentía que tuvieron los artífices de la Transición, el Rey Juan Carlos, Suárez y los padres de la Constitución y hagan una propuesta a los ciudadanos, para que se sepa de forma clara cuál es la voluntad de los españoles, como ocurrió en 1977 y 1978. No podemos olvidar que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del estado, no en los despachos de la Moncloa y en los de ERC. 

El artículo 9 en su apartado 1º de la Constitución establece: “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

Igualmente, dicho artículo viene a recoger, en su apartado tercero, la prohibición de la arbitrariedad como medio de ejercicio de las funciones por parte de los poderes públicos, quedando, por tanto, prohibido cualquier acto dictado basándose únicamente en el interés privado y no el de carácter público.

Por eso, es necesario que reivindiquemos el papel del Tribunal Constitucional en la defensa del Estado de Derecho y si el gobierno y sus socios quieren cambiar el texto constitucional, que nos den la voz a todos los españoles y que no lo intenten por la puerta de atrás de forma vergonzante.