• El sindicato denuncia que vulnera la libertad de cátedra y la especialización de los profesionales, además de restar autonomía organizativa y pedagógica a los centros

(Comunidad Valenciana, 15-07-2022).

El sindicato CSIF ha presentado hoy recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana contra Conselleria por “la imposición de los ámbitos en la Educación Secundaria Obligatoria”. En concreto la central sindical ha impugnado la resolución con las instrucciones del inicio de curso en ESO, en particular en su parte dispositiva que afecta a la imposición de los citados ámbitos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha interpuesto hoy recurso contencioso administrativo frente a la Resolución del 12 julio, con las instrucciones de inicio de curso, en impugnación del punto 7.1.1.3. Este afirma, literalmente, que “la organización curricular en todos los grupos del primer curso de Educación Secundaria Obligatoria de todos los centros educativos será por ámbitos de conocimiento”.

Continúa indicando este punto que “los centros que así lo consideren podrán optar por esta organización curricular también en el segundo y en el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con lo que se establezca en la normativa autonómica que regule la ordenación y el currículo de esta etapa en desarrollo del Real decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria”.

El sindicato recalca que “la imposición de este modelo metodológico y organizativo en las enseñanzas de  primero de ESO y su posible extensión al resto de cursos de esta etapa educativa vulnera tanto el principio de especialidad docente como la libertad de cátedra recogida en la Constitución”.

La central sindical, en esta línea, explica que, por ejemplo, “la imposición regulada obliga a que una profesora de la especialidad de Matemáticas tenga que impartir de manera forzosa la asignatura Biología y Geología (o viceversa),  o que un profesor especialista en Lengua y Literatura Castellana imparta Geografía e Historia (o viceversa)”.

CSIF recalca igualmente que “esta imposición supone, además de un claro empeoramiento de las condiciones laborales de los docentes, una pérdida de la calidad educativa ya que, habiendo especialistas en la materia en los centros de secundaria, éstos no imparten dichas materias sino otras en las que no son especialistas”. En este sentido el sindicato recuerda que el Real Decreto 665/2015, de 17 de julio, establece, entre otros, la asignación de materias de la Educación Secundaria Obligatoria a las especialidades docentes de los cuerpos de catedráticos de Enseñanza Secundaria y de profesores de Enseñanza Secundaria.

La central sindical continúa explicando que “los centros educativos también van a ver también reducida su capacidad organizativa y pedagógica puesto que la agrupación por ámbitos les viene impuesta, ya que les arrebata sus posibilidades organizativas otorgadas en el artículo 24.7 de la LOMLOE. De esta forma, esta imposición supone otra restricción más para los centros educativos de Enseñanza Secundaria, centros que tendrán menor autonomía”.

El sindicato hace hincapié en que “esta imposición metodológica y organizativa por parte de Conselleria ha sido llevada a cabo sin escuchar a los docentes, sin la negociación adecuada y sin ningún tipo de justificación o aval pedagógico que la respalde. Esto supone que estamos ante una imposición arbitraria que ha decido aplicar de manera unilateral Educación”.

CSIF apunta que “desde que la Conselleria decidió la obligatoriedad de los ámbitos en Secundaria, hemos manifestado un rechazo absoluto a dicha imposición organizativa y metodológica. Pese a que han sido muchas y variadas las actuaciones realizadas por el sindicato para que Educación se replantease la imposición de trabajar por ámbitos, la Conselleria de Educación no las ha tenido en cuenta”.

La central sindical, ante esta falta de negociación y la decisión de imponer por parte de la Administración, ha decidido  “impugnar esta situación y denunciarla ante el Tribunal Superior de Justicia”.