La organización considera que el paquete de 18 propuestas presentadas por el ministro de Agricultura, Luis Planas, el pasado vierness no reflejan un cambio real en la política del Ministerio, ni del Gobierno, que es lo que el campo está reclamando. Muy al contrario, se abordan los problemas de una manera superficial y desde luego, no proporcionado a la magnitud de la crisis que atraviesa el sector productor. Unión de Uniones hace la siguiente valoración de dichas medidas.  

MEDIDAS PARA CADENA ALIMENTARIA: PURO MAQUILLAJE

El Ministerio propone crear, mediante Ley una Agencia Estatal de Información y Control Alimentario, la puesta al día de los planos de inspección de oficio, hacer pública de sanciones graves y muy graves acumuladas y pedir a la Comisión Europea una actualización de la directiva de prácticas desleales. 

Unión de Uniones ha pedido durante años en las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado el aumento de la dotación para recursos materiales y humanos para la AICA en forma de enmiendas que han sido debatidas e indefectiblemente rechazadas por el Grupo Socialista en las Cortes.

La Ley de la Cadena Alimentaria enuncia entre sus objetivos que el precio que perciben los agricultores y ganaderos por sus productos deben compensar al menos sus costes productivos. Eso no sucede en la realidad porque la Ley no dispone de las herramientas para garantizar que los agricultores y ganaderos puedan repercutir sus costos en el precio de venta de sus productos, uno de los ejes de la Ley y de sus reformas. De hecho, pese a que la ley no se está cumpliendo en ese sentido, no hay sanciones impuestas por AICA por dicho motivo.

En las reformas acometidas en Ley de la Cadena Alimentaria, la organización solicitó una revisión de las sanciones por su incumplimiento -hoy por hoy ridículas y nada desincentivadoras para los grandes infractores- así como atacar las raíces del mal funcionamiento de la cadena incluyendo en la ley la definición de posición de dominó y la prohibición de reventa a pérdidas. Igualmente, estas propuestas se han enfrentado siempre en el trámite parlamentario al rechazo del Gobierno y el principal partido que lo sustenta.

Unión de Uniones ha reclamado al Ministerio la publicación de los criterios sobre los diferentes factores que intervienen en la determinación del costo de producción de los productos agrarios, pesqueros y alimentarios, tal y como está obligado por Ley, con el fin de que los agricultores puedan contar con referencias para negociar sus precios y llegar el caso defenderlos en los tribunales. Sin embargo, el Ministerio ha dado muestras claras de no querer mojarse en este asunto, publicando informes que no son, ni lo que pide la ley, ni lo que necesita el sector.

Hasta hace nada el Ministro se vanagloriaba de que la ley de la cadena alimentaria española era la envida del resto de países europeos. Ahora presenta simplemente darle una mano de pintura a un edificio ruinoso que necesita mucha obra. Puro maquillaje.

MEDIDAS PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE LA PAC: POCO Y NADA CONCRETO

El Ministerio propone trasladar a Bruselas propuestas para flexibilizar algunas BCAM, simplificar la carga administrativa de la PAC, poner en marcha más eco-regímenes y hacer voluntario el cuaderno digital de explotación.

De estas medidas no se conoce aún el detalle ni el alcance concretos. En todo caso, la flexibilización de las BCAM sería meramente temporal y la simplificación de la carga administrativa es algo repetido hasta el hastío por las administraciones y siempre acaban yendo en el camino contrario.

El Ministerio no acaba de entender que lo que el campo exige es una reforma sustancial de la configuración de la PAC, que no se pueden exigir al sector que haga un esfuerzo constante y cada vez más intenso sin contraprestación económica y que la arquitectura ecológica de la PAC va en contra de la competitividad de las explotaciones sin contribuir a los objetivos de mejora ambiental, porque está diseñado desde los despachos sin atender la realidad del campo, que es muy diversa.

Por otra parte, Unión de Uniones luchó desde los primeros pasos dados por este PAC para que se orientara hacia los profesionales del sector, cosa que el Ministerio tenía la posibilidad de hacer en el PEPAC y no lo hizo. Consecuencia de ello es que los agricultores y ganaderos que viven principalmente del trabajo en su explotación, se ven afectados por los recortes de la ayuda básica y por la convergencia negativa de los derechos, sin que exista margen financiero para compensarlos. 

En cuanto al Cuaderno Digital de Explotación, el Ministerio no aclara si la voluntariedad anunciada alcanzará a todas las explotaciones, ni su extensión en el tiempo, ni las consecuencias para aquellos que se acojan a esa eventual voluntariedad. Unión de Uniones ha reivindicado que en las relaciones entre la administración y los administrados se garantizasen los derechos de los afectados por la brecha digital geográfica y generacional y, finalmente, consiguió que así se contemplase en la Ley de Gestión de la PAC, pero el Ministerio se negó a reconocerlo en los Reales Decretos. Por otro lado, el cuaderno digital de explotación y las obligaciones que implica supone un coste añadido para las explotaciones y una mayor carga burocrática, particularmente para aquellas de menor dimensión, que deben quedar eximidas del CUE.

MEDIDAS EN CUESTIONES COMERCIALES E IMPORTACIONES: COMPROMISOS SIN CREDIBILIDAD

El Ministerio se compromete a defender en todos los foros el principio de reciprocidad en materia fitosanitaria en las relaciones internacionales, mejorar la coordinación en las aduanas, reorganizar la inspección en frontera en España y establecer tolerancia cero para residuos no regulados por la UE.

La organización ha remitido escritos repetidos al Ministerio de Agricultura, pero también a la Comisión Europea, denunciando el desvío de mercancías hacía puertos europeos en donde las inspecciones son mas laxas, denuncias que han sido respondidas restándole importancia al asunto y mostrando satisfacción por el funcionamiento de la regulación y los controles sanitarios de productos alimentarios en frontera. En todo caso, el número de inspectores y su grado de especialización para poder garantizar que las mercancías entran sin residuos o sin vectores de enfermedades y plagas, es absolutamente insuficiente en los grandes puertos de entrada españoles y europeos. Con una simple mejora de la coordinación y una reorganización de la inspección no basta.

En cuanto a la defensa del principio de reciprocidad, Unión de Uniones entiende que esto debe materializarse en forma de cláusulas espejo -que el Ministerio no menciona en su comunicado- en los tratados de comercio internacional. Estas cláusulas espejo, además, no deben afectar únicamente a temas fitosanitarios, sino también a asuntos ambientales, de bienestar animal y de condicionalidad social y laboral.

Por otro lado, el compromiso de defensa del principio de reciprocidad hay que demostrarlo con hechos en los Consejos de Ministros de la UE y, en su caso, en la tramitación de los procedimientos de ratificación de acuerdos internacionales en el Parlamento Europeo, votando en contra de todos aquellos tratados y que no respeten dicho principio y no incluyan clausulas espejo y, llegado el caso, haciendo uso del derecho a veto. Esta misma firmeza debe manifestarse igualmente cuando la firma de estos tratados no vaya acompañada de los correspondientes estudios de impacto y de la previsión de medidas compensatorias a los sectores afectados. Esta firmeza por parte del Gobierno español y de los parlamentarios y europarlamentarios del principal partido que lo sustenta, no se mostrado hasta ahora.