El presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la CV (AERTE), José María Toro ha explicado en El Intercafé y en declaraciones para Interdiario la situación del sector con el nuevo modelo aprobado por el Consell.

Así pues, Toro ha expuesto: “cuando la administración calcula el coste que tiene un servicio lo hace sumando toda la serie de partidas que existen para cubrir un servicio. Nosotros estamos de acuerdo con el modelo, pero tiene que venir con el presupuesto determinado para que no le cueste más dinero a ningún ciudadano. Hay que dotarlo con el personal necesario para no subir el coste un 70% y ahora nos dicen que debemos bajar los márgenes, cuando ninguna entidad tiene la capacidad de asumir esta cantidad”.

En esta misma línea, el presidente de la patronal ha explicado: “ayer la vicepresidenta decía que no conocía a nadie que estuviera en contra que le aumentaran el doble de la ratio del personal, pero yo tampoco conozco a nadie que le guste pagar el doble por una plaza. No se le puede decir a la gente que se va a mejorar el modelo y dotarlo de más recursos sin saber cómo se va a pagar”.

Por ello, José María Toro ha destacado: “desde el primer día planteamos esta cuestión y es curioso que tanto el comité económico y social, y el consejo jurídico consultivo se han posicionado en que nadie se puede quedar fuera del sistema por carencia de los recursos y que la administración deberá dotar el presupuesto para que las personas no tengan que asumir ningún euro”.

“El decreto ha sido aprobado por todo el Consell y nosotros hicimos una carta al President para que se hiciera un estudio económico con la incidencia económica que tendría para las personas usuarias y también, que se valorase las aportaciones a nivel económico que había hecho AERTE para ver si eran correctas, algo que marcaba el Consejo Jurídico Consultivo”, ha afirmado el presidente de AERTE.

Además, Toro ha fundamentado: “con el nuevo decreto, si al final la administración solo se va a hacer cargo de las plazas pública más de 13.000 personas no van a tener acceso a una ayuda cuando ya están haciendo un gran esfuerzo para seguir en su plaza. Nosotros, calculando solo los costes de personal, tendríamos que subir el coste total en más de 500 euros y eso lo tiene que asumir alguien”.

Por último, el presidente de la patronal de residencias ha indicado: “en la concentración de ayer fuimos más gente que en la primera, y seguiremos manifestándonos porque el problema sigue. Se cambia la normativa, se reducen las ayudas a las personas y se restringe la entrada al sistema. Muchas veces, las personas no quieren seguir el proceso de rehabilitación, entre su casa o la residencia, que se basa en la Inter movilidad porque tienen miedo a perder la plaza”.