Desde su fundación en 1993, el Instituto de la Empresa Familiar (IEF) y las dieciocho Asociaciones Territoriales que le acompañan han mantenido una escrupulosa defensa y respeto por el marco institucional del que los españoles nos dotamos democráticamente en 1978.

Bajo nuestra Constitución, la sociedad española ha protagonizado el mejor periodo de convivencia y prosperidad a lo largo de los siglos XIX y XX, periodo que se sigue extendiendo hasta nuestros días. En estos cuarenta y cinco años de régimen democrático se han sucedido con total normalidad las alternancias en el gobierno y se han alcanzado hitos
tan remarcables como la mayor descentralización territorial, política y administrativa de nuestra historia.

Adicionalmente, España se ha incorporado de pleno derecho a la Unión Europea y a todas las demás organizaciones multilaterales de nuestro entorno geográfico, político y cultural, sin excepción. Desde 1978 hasta el año 2022, la renta per cápita de los españoles ha pasado de 4.356 dólares a 29.350 dólares, multiplicándose por casi siete veces, siendo
este el período más próspero de nuestra economía.

Sin embargo, en los últimos años, la polarización de la vida política, el frentismo y la política de bloques parecen cuestionar y poner en riesgo los incontestables logros de nuestra democracia. España necesita amplios consensos políticos y sociales
para acometer reformas estructurales de calado en el ámbito político y económico con las que combatir algunos problemas destacados en el ámbito institucional, económico y social, tales como el desempleo, e fracaso escolar, el desequilibrio presupuestario o el preocupante nivel de endeudamiento público, entre otros.

Esta ausencia de reformas se traduce ya en una sostenida pérdida de competitividad de nuestro país que se refleja en
el deterioro de nuestra tasa de convergencia con las demás economías europeas. Si en el año 2009 la renta española
representaba el 82,4% de la media europea, desde entonces hemos descendido de forma constante hasta el 78,4% de 2022.

La investidura del nuevo Gobierno de la Nación goza del beneficio de su legitimidad democrática de origen. Sin embargo, debiera generar honda preocupación constatar la contundente respuesta que esos acuerdos de investidura han suscitado en instituciones y asociaciones tan centrales en nuestro sistema de administración de justicia como el Consejo General del Poder Judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces por la Democracia, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, la Asociación Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales, entre otras. Las consideraciones allí vertidas en torno al impacto de esos pactos sobre nuestro estado de derecho deberían ser objeto de reflexión por parte de todos.

La estabilidad institucional, y el estado social y democrático de derecho que nuestra Constitución nos brinda nos han dado las mayores cotas de libertad y prosperidad de las que España ha gozado en su historia. No deberíamos olvidar la importancia de los logros obtenidos gracias a la existencia de amplios consensos que unen a la sociedad.

La ruptura de los amplios consensos que se forjaron en torno a la Constitución de 1978 podría alejarnos del mejor periodo
de nuestra historia reciente. Las empresas familiares españolas, que representamos el 60% del PIB y el 70% del empleo privado de nuestro país, queremos hacer un llamamiento a las fuerzas políticas democráticas para que impere la responsabilidad, la moderación y el firme respeto a los pilares fundamentales, que han posibilitado que España sea la sociedad libre, dinámica y moderna de la que hoy disfrutamos. Las empresas familiares queremos seguir contribuyendo a la
prosperidad y el desarrollo de la España libre y democrática que nos ha proporcionado la Constitución.