La inversión pública es un componente esencial de la política de crecimiento económico a largo plazo y bienestar, por su potencial de ofrecer a ciudadanos y empresas los servicios de distintos tipos de infraestructuras públicas. En España, la inversión pública ha experimentado una evolución muy irregular a lo largo de las últimas décadas. Desde la entrada en la Unión Europea y hasta la llegada de la Gran Recesión, España experimentó un proceso inversor muy intenso, tanto público como privado. La inversión pública se duplicó en términos reales entre 1995 y 2008, coincidiendo con el ciclo alcista asociado al boom inmobiliario y a la llegada de importantes transferencias de capital de los fondos estructurales europeos.

La respuesta inicial a la llegada de la Gran Recesión se basó en políticas fiscales expansivas que supusieron un aumento adicional de la inversión pública y un esfuerzo inversor público contracíclico. Pero la prolongación de la crisis, el aumento del déficit y los acusados problemas para financiarlo provocaron el desplome de las inversiones públicas a partir de 2010. Entre ese año y 2014 la inversión pública se redujo más de un 60%, acentuando la recesión de la economía en lugar de ejercer un papel estabilizador durante la misma. A partir de 2015 la inversión pública vuelve a crecer, pero se mantiene en niveles reales (sin tener en cuenta la evolución de los precios) muy inferiores a los de los años iniciales de la serie. En 2022 las inversiones públicas todavía se situaban un 6% por debajo de su nivel en 1995 y eran un 55% inferiores en términos reales a las del máximo de 2009.

La caída de la inversión pública es especialmente notable en el caso de las infraestructuras productivas, principalmente de transporte (viarias, ferroviarias, aeroportuarias, etc.), mientras que las inversiones en infraestructuras sociales (educativas, sanitarias, culturales, de servicios sociales, administrativas, etc.) sufren un descenso más moderado y han concentrado la mayor parte de la recuperación de la inversión pública de los últimos años. En 2022 estas infraestructuras ya habían recuperado sus niveles de 1995 en términos reales, mientras las de transporte se situaban un 20% por debajo. 

En términos de esfuerzo inversor (inversión pública/PIB), el perfil de la inversión pública es marcadamente procíclico, acentuando las fluctuaciones de la economía en lugar de amortiguarlas. En 1995 la inversión pública suponía un 3,8% del PIB, llegó a superar el 5% en 2009 y se desplomó posteriormente como consecuencia de los recortes del gasto público. En 2016 alcanzó su mínimo, 1,6%. En 2020 se observa un crecimiento que es debido principalmente a la caída del PIB que provocó la pandemia del COVID-19. Las inversiones asociadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los últimos dos años no han conseguido mejoras sustanciales. En 2022 el esfuerzo inversor público (2,1%) continuaba muy alejado de los niveles de principio de siglo y de la media europea.